La ley de producción pública de medicamentos, sancionada por la Cámara de Senadores, fue presentada por primera vez en el año 2002 por Eduardo Macaluse y tiene como objetivo fundamental hacer de las vacunas, sueros, reactivos y medicamentos un bien social accesible y de alta calidad. Además establece como lineamientos generales el asegurar universalidad y trazabilidad de los productos de fabricación y la producción pública.
Argentina ya cuenta con laboratorios y recursos humanos que están en condiciones de producir medicamentos y los laboratorios públicos tienen un potencial productivo de fácil puesta en marcha o disponibilidad. Esta ley permitirá legitimar el trabajo coordinado de los laboratorios y continuar con el control de calidad a través de las universidades u instituciones pertinentes que harán convenios con el Estado.
Si el Estado asume su capacidad rectora, reguladora y financiadora respecto de las políticas de salud es posible dar respuesta al grave problema que sufren 15 millones de argentinos.
Actualmente, los precios no se forman sobre una estructura de costos de producción, sino sobre el precio que pueda pagar el mercado. En cambio, con la ley aprobada deja de entenderse al medicamento como un “bien de mercado” para pasar a entenderse como “bien social”.
La oferta en el mercado de los medicamentos que proceden de la Producción Pública permitirá regular los precios de la oferta global; hoy, el carácter oligopólico del mercado interno de medicamentos en nuestro país, lleva a que el precio de los mismos (incluso los mal llamados genéricos) sea elevado y con tendencia al aumento. Después de 9 años de trabajo, el proyecto de Macaluse fue puesto en temario junto con otro del diputado Martiarena presentado en el año 2009, y luego de un gran consenso hubo voluntad política para su tratamiento.
Es así como la ley aprobada habilitará un nuevo marco de justicia en cuanto a la accesibilidad al medicamento.
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